En el municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero, una niña de 15 que no quiso casarse con otro menor de 16 años, por lo que decidió escapar de su casa la mañana del lunes 22 de noviembre, pues ese mismo día la habrían obligado a casarse con el menor.
Ya todo estaba preparado, viernes y domingo la familia del joven ofreció una fiesta para acordar el matrimonio. Mataron una vaca, hubo cervezas, refrescos, música de banda y la boda quedó acordada para el día lunes.
Fue el día lunes que Anayeli escapó desde muy temprano, se refugió en la casa de un amigo (igual de 15 años). Su familia y la del joven con el que la querían casar dieron aviso a la comisaría del pueblo. Posteriormente los policías salieron a buscar a la menor.
Tras encontrarla, encerraron a la menor en las celdas de la comisaría, junto con su amigo. Para liberarla le exigieron a Anayeli que se casara, pero además, su familia debería devolver los 56 mil pesos que gastaron en las fiestas, puesto que esa familia se habría “ofendido”.
La madre de Anayeli, acordó que se casaría su hija con el menor si esta recibía un pago de 200 mil pesos, mismos que no recibió debido a que no hubo matrimonio.
El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, recibió una llamada el martes, donde denunciaban el caso de la menor. Por lo que Tlachinollan se contactó con otras dependencias, como la FGE y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y acudieron a Joya Real, lugar donde sucedieron los hechos.
Tanto Anayeli como su amigo, fueron liberados y quedaron a custodia del DIF estatal.
“Hubo resistencia de la comunidad porque lo ven tan normal. Decían: ‘¿Por qué hizo eso la niña si ya sabe cómo son las cosas acá?’; ‘Eso fue una burla para la familia’. ‘La niña aceptó’, pero, ¿cómo una niña puede tener la capacidad para tomar la decisión de casarse?”, dice la abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien intervino ante el pueblo para que Anayeli fuera liberada.
Hace 15 días, en la Montaña, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, firmó un acuerdo con distintas dependencias del gobierno federal y la ONU para combatir la violencia contra las mujeres, incluidos los matrimonios forzados. Lamentablemente no se presentó un plan concreto, menos presupuesto. En este último caso, criticó que el gobierno del estado apenas y reaccionó.
